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14/7/08

EL PARADIGMA DE JUICIO POLITICO EN AMERCIA LATINA (PARTE I)

A lo largo de estas líneas he realizado un estudio de profundizado de los procesos de remoción de jueces que formaban parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y del Tribunal Constitucional del Perú.

El punto de partida de este trabajo consiste en reconocer la coexistencia de dos elementos que forman parte del universo constitucional: el mundo jurídico y el mundo político, los cuales interactúan entre sí a la hora de llevar adelante este procedimiento constitucional.

Partiendo de la base que un proceso de remoción de jueces funciona como una herramienta de control interpoderes a la que se recurre solamente cuando se cuenta con el apoyo político suficiente como para legitimar tal medida, es posible reconocer la existencia de un paradigma en el ejercicio del juicio político dado que se recurre a este proceso con el único objetivo de remover de su cargo a aquellos funcionarios “fieles” a administraciones anteriores, logrando erradicar de esta manera la presencia de agentes opositores al gobierno de turno y dejando de lado la esencia del instituto la cual consiste en purgar la conformación de los poderes constituidos del Estado en busca de mejorar la calidad de los funcionarios que los integran y ponerlos a disposición de los Tribunales ordinarios en caso de que sea necesario.

Es así como se configura la invasión de lo político sobre lo jurídico y el paradigma queda demostrado.

I. Concepto de juicio político. Comparación entre Argentina y Perú.

Sintéticamente es posible definir al juicio político como aquel proceso de origen constitucional tendiente a lograr la remoción de un cargo de importancia en la estructura constitucional del Estado, fundado en la realización de conductas que van en contra de la envestidura que dicha función reviste así como el mal desempeño de la función confiada.

En la República Argentina, la Constitución Nacional regula este instituto en tres de sus artículos. El primero de ellos, artículo 53, reconoce a la Cámara de Diputados la potestad de acusar ante el Senado de la Nación a aquellos que pueden ser sujetos pasivos de este proceso (el Presidente de la Nación, vicepresidente, jefe de gabinete de ministros, los ministros y los jueces que integran la Corte Suprema de Justicia de la Nación) limitando el objeto de dicha acusación al mal desempeño de la función, la comisión de un delito en ejercicio de su cargo o de crímenes comunes, luego de que la Cámara de Diputados haya conocido los mismos y declarado, por mayoría de dos terceras partes de los miembros presentes, hacer lugar a la formación de una causa al respecto.

La segunda manda constitucional argentina referida al tema que nos ocupa es el artículo 59, el cual establece que es el Senado de la Nación el encargado de juzgar a los funcionarios acusados por la cámara baja. Asimismo, este artículo prevé el procedimiento a observarse en caso de que el acusado sea el primer mandatario y la mayoría necesaria para ser declarado culpable de la acusación formulada en su contra.

Por su parte el artículo 60 establece los efectos que produce el fallo recaído en una proceso de juicio político. En este sentido, la norma expresa que no tendrá más efecto que la destitución del acusado y la posibilidad de ser declarado incapaz de ocupar algún empleo de honor, de confianza o a sueldo de la Nación, quedando igualmente el condenado sujeto a la acción de los tribunales ordinarios.

En la República del Perú, el procedimiento de enjuiciamiento al que son sometidos los funcionarios públicos es considerablemente diferente al argentino. En primer lugar, el Poder Legislativo peruano está conformado por un Congreso unicameral que, conforme las prerrogativas establecidas en el artículo 94 de la Constitución, elige sus representantes para formar parte de un organismo llamado Comisión Permanente, el cual se encarga de acusar ante el Congreso casos de infracción de la Constitución y todo delito que cometan en el ejercicio de sus funciones, al Presidente de la República, los representantes del Congreso, los ministros de estado, los integrantes del Tribunal Constitucional, los integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura y los vocales de la Corte Suprema además del defensor del Pueblo y los fiscales supremos.

Asimismo resulta necesario aclarar que en este país, el Congreso puede suspender al funcionario acusado por la Comisión Permanente sin participación de ésta, e inhabilitarlo para ejercer la función pública por un plazo máximo diez años o incluso destituirlo sin perjuicio de cualquier otra responsabilidad ulterior; y en caso de que llegue a recaer una resolución acusatoria de contenido penal, el fiscal de la Nación debe formular una denuncia ante la Corte Suprema en un plazo máximo de cinco días.

De esta escueta enumeración surge una clara distinción entre ambas figuras constitucionales. En primer lugar, la conformación del Congreso en ambos países (bicameral y unicameral respectivamente). En segundo lugar la potestad de enjuiciar está en manos del mismo Congreso argentino mientras que en Perú es un organismo aparte quien la ejecuta; y finalmente los sujetos pasivos de este procedimiento son más restringidos en argentina.

II. El proceso de renovación de la Corte Suprema en Argentina.

Una vez que Néstor Kirchner arribó a la presidencia de la Nación, los cambios en la composición de la Corte no se hicieron esperar y fue así que contando con el respaldo político suficiente, se promovió juicio político a Julio Nazareno -por ese entonces Presidente de la Corte-obteniendo su renuncia en junio de 2003 y dando lugar a que Eugenio Zaffaroni ingresara al Tribunal en su lugar.

En octubre de ese año renunció Guillermo López -otro de los jueces de la corte sobre quien pesaba un pedido de juicio político- y fue reemplazado por Carmen Argibay. En diciembre de ese mismo año fue destituido Eduardo Moliné O'Connor y reemplazado por Elena Highton de Nolasco. A la destitución de Moliné O'Connor siguió la renuncia de Adolfo Vázquez, en septiembre de 2004, impulsada también por el juicio político que se estaba tramitando en su contra y el nuevo integrante del Tribunal fue Ricardo Lorenzetti.

Finalmente, Augusto Belluscio renunció el 1° de septiembre de 2005 y Antonio Boggiano fue destituido por juicio político el 28 de septiembre de 2005 con lo cual quedó extinguida por completo la “raza de jueces menemistas” y se conformó una nueva corte en la cual se destaca la pluralidad de opiniones y de valores axiológicos entre sus integrantes.Por razones de brevedad y para cumplir los fines propios de una ponencia, es necesario circunscribir el análisis a los sucesos acaecidos desde que Néstor Kirchner arribó a la presidencia de la Nación de manera genérica, ya que un estudio detallado de todos los procesos que se llevaron a cabo para lograr la remoción o la renuncia de los integrantes de la “vieja Corte” sería demasiado extenso.

De la lectura de las actuaciones confeccionadas por la Comisión de juicio político surge que la acusación principal consiste en el mal desempeño del cargo que detentaban los integrantes del Tribunal y a su vez, dentro de esta imputación global, se incluyen las siguientes conductas:

a) Derogar una ley del Congreso sin un caso judicial en un tema que afectaba a sus intereses patrimoniales:
Esta imputación se refiere al dictado de la acordada 20/96 por medio de la cual el Tribunal decidió declarar la inaplicabilidad del régimen establecido por la ley la ley 24.631 (que modificaba la ley regulatoria del impuesto a las ganancias e imponía a los jueces la tributación de dicha carga fiscal). El “agravio constitucional” provocado por esta acordada al momento en que los jueces de la Corte se expidieron acerca de la aplicación de una ley dictada por el Congreso de la Nación sin que exista un juicio caso o controversia en los términos de la ley 27 y a su vez se eximieron ellos mismos del pago de una obligación fiscal de la cual eran destinatarios, transformándose en consecuencia en juez y parte de la situación analizada.

b) La no aplicación de la ley de ética pública:
Este cargo responde al dictado de la acordada 1/2000 por medio de la cual la Corte declaró la inconstitucionalidad de la ley de ética pública (25.188) en lo referente a lo dispuesto por su artículo 4 que establece la obligatoriedad de la presentación de declaraciones juradas patrimoniales por parte de determinados funcionarios públicos entre los cuales se encuentran los jueces de la Nación. La Corte refirió en dicha acordada que la mencionada norma afectaba el derecho a la intimidad de los jueces y a su vez ponía en riesgo la integridad y seguridad propia y de sus familias al verse obligados a exponer públicamente la nómina de sus bienes e ingresos fruto de la función pública desempeñada, a su vez establece que antes de resolver sobre la procedencia de la solicitud de una declaración jurada se dará intervención al magistrado o funcionario en cuestión el cual podrá expresarse con respecto a la procedencia de la petición y finalmente la Corte resolverá de manera fundada el acceso o la negativa a la información requerida, exigiendo que en el caso de concederse el acceso la apertura del sobre que contenga la referida declaración, se hará en presencia del magistrado o funcionario en cuestión.

c) Haber creado y/o usufructuado un régimen que encubría la existencia de una remuneración indebida a los jueces de la Corte bajo el rótulo de desarraigo por medio del pago de pasajes a aquellos jueces que residían a más de cien kilómetros de la sede del Tribunal:
Las resoluciones 891/90, 72/91 y 322/91 disponen que el juez de la Corte que al momento de su designación se encuentre residiendo a una distancia superior a los cien kilómetros de la sede del Tribunal percibirá un plus adicional igual al 35 % de la su remuneración además de pasajes para él y su familia. El objetivo de estas disposiciones resulta lógico y razonable dado que si estamos hablando de la integración del Tribunal “más federal de todos” resulta previsible que quienes lo integren no residan en la ciudad capital de la República, y por ende requieran que el Estado solvente los gastos de viajes que ese desarraigo ocasiona. En un principio la llamada “compensación por desarraigo consistía en la liquidación de una suma adicional (35 %) a su remuneración y el otorgamiento de pasajes aéreos entre la Capital Federal y la ciudad de origen del magistrado beneficiario, que podían ser utilizados por su cónyuge y/o hijos desde el lugar de sus respectivos domicilios hasta la capital.
Ahora bien, la ofensa constitucional que resulta subsumible dentro del concepto genérico de “mal desempeño” consiste en que algunos de los jueces de la Corte habían mantenido durante un plazo excesivo la percepción de tales sumas adicionales, llegando a los trece años en algunos casos, generando dicha situación una desigualdad entre los miembros del Tribunal dado que se fijaban salarios distintos para una misma actividad y a la vez se ofendía a la sociedad entera al realizar tamaña erogación presupuestaria.

d) La degradación del rol institucional de la Corte por medio del auto voto en la elección de presidente y vicepresidente del Tribunal por medio de la acordada 27/2000 y la excesiva delegación de funciones junto a otras poco recomendables actitudes.
El desarrollo de este cargo en la acusación realizada por la Comisión de Juicio Político comienza afirmando que “los jueces imputados han ampliado de tal modo la competencia de la Corte que no es posible que estudien y analicen y mucho menos redacten la enorme cantidad de sentencias que semanalmente expide el tribunal.” La consecuencia directa para la Comisión consiste en la necesidad de delegar sus funciones en personal de menor categoría y constituir un gigantesco aparato burocrático y de secretarios letrados que a su vez consumen una importante porción del presupuesto asignado anualmente al Poder Judicial que deja de ser destinado a los tribunales inferiores.

La Comisión afirma que esta situación ha llevado a desvirtuar el rol institucional asignado por la Constitución Nacional a la Corte Suprema de Justicia.

e) Ser responsables de una administración poco transparente y deficiente y desarrollar conductas varias reñidas con la ética:
Este cargo se refiere al ejercicio de las funciones de superintendencia por parte del Presidente de la Corte. Dentro de estas funciones la Comisión destaca la compra de inmuebles inadecuados para la actividad judicial que llevaron a disponer la mudanza de los juzgados que habían sido trasladados a dichas sedes. Asimismo se engloba dentro de este cargo la realización de tasaciones inadecuadas, sobrevaluadas en algunos casos y ejecutadas sin intervención del Tribunal de tasaciones de la Nación junto con un total apartamiento de lo establecido por la ley de expropiación, norma que debía regular las situaciones antes enumeradas.
f) Haber solicitado el beneficio de la pensión vitalicia que reconoce el art. 1 de la ley 24.018, antes de producirse el cese en funciones establecido en la ley.
Bajo esta imputación la Comisión acusó a ocho de los nueve jueces que formaban parte de la Corte Suprema. El Dr. Boggiano fue la única excepción, por entender que, si bien el artículo 1 de la ley 24.018 establece que los ministros de la Corte Suprema de Justicia quedan comprendidos en el régimen de asignación mensual vitalicia a partir del cese de sus funciones, los por entonces magistrados no habían realizado los trámites tendientes a que se les reconocieran la totalidad de los requisitos que esta ley establece para poder acceder a dicha asignación, sino que perseguían la adjudicación de dicho emolumento, lo cual consiguieron, pero no llegaron a ejecutar dado que habían diferido su cobro al momento en que cesen en el ejercicio de sus funciones
g) La emisión de un voto al fallar en una causa que los vinculaba directamente (el caso “Fayt” y la declaración de inconstitucionalidad de un artículo reformado en 1994):
Los hechos que rodearon al caso “Fayt” son por todos conocidos y una razón de honestidad intelectual exige no referirnos en profundidad a ellos debiendo tan solo mencionar que el agravio constitucional que la Comisión detectó en el accionar de los integrantes de la Corte Suprema al momento de entender en la resolución del caso antes mencionado, consiste en que no solo algunos de los magistrados no recurrieron al mecanismo de la excusación para evitar dictar sentencia en una causa que los vinculaba directamente, sino que además rechazaron la recusación planteada por el Sr. Procurador General de la Nación.
Cabe aclarar que este cargo no se dirigió contra el Dr. Fayt ni el Dr. Petracchi quien se excusó de intervenir aludiendo que la materia analizada importaba un interés particular.
h) Mal desempeño en la investigación de la causa que tramitó en la Corte por competencia originaria con motivo del atentado terrorista a la Embajada de Israel en Buenos Aires.
Con motivo del atentado terrorista perpetrado en la sede diplomática judía en nuestro país, la Corte Suprema en virtud de lo establecido por el artículo 117 de la Constitución Nacional, llevó a cabo una investigación judicial tendiente a dilucidar las responsabilidades penales por tan terrible episodio. Dicha investigación quedó en manos de quien por entonces era el Presidente del Tribunal, el Dr. Ricardo Levene (h).
Hasta el año 1997, cinco años después del atentado, los miembros de la Corte no habían impreso a la investigación ningún tipo de curso investigativo, llevando a que dicha causa se transformara en una víctima más de la justicia lenta, ineficaz y negligente a la cual la sociedad argentina mira cada vez con más extrañamiento.
Las razones que llevaron a que esta circunstancia fuera tenida en cuenta por la Comisión al momento de formular la acusación residen en que quienes por entonces eran miembros del máximo Tribunal, no se desempeñaron a la altura del cargo para el que habían sido investidos y a la hora de ser consultados acerca de la razón por la cual se permitió que el Presidente de la Corte, quien por entonces dirigía la investigación del atentado terrorista, se diera el lujo de derrochar los primeros cinco años y medio de investigación -dentro de los cuales ocurrió un nuevo atentado terrorista-, los señores ministros respondieron que no correspondía realizar tal “auditoría” olvidando con esta decisión que la misma Constitución determina que el pleno de la Corte es el responsable único por la tramitación de las causas en las que el tribunal tiene competencia originaria, siendo irrelevantes las divisiones del trabajo que la Corte hubiese dispuesto a través de sus acordadas.
i) Mal desempeño en la resolución de causas judiciales que tramitaban ante el Tribunal:
Dentro de esta genérica imputación sintetizaré los cargos formulados por la Comisión a algunos jueces de la Corte con motivo de la intervención que tuvieron los mismos en tres resonantes causas judiciales. En primer lugar, el dictamen de acusación se refiere a la intervención de los jueces que conformaban la “mayoría automática” en el tratamiento del recurso de hecho deducido por la defensa de Emir Yoma quien se encontraba imputado en una causa por abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, en la cual también se encontraba imputado el ex presidente Carlos Menem.
La Comisión consideró que hubo mal desempeño de los ministros de la Corte al analizar la situación de fondo ventilada en esas actuaciones cuando el mismo se encontraba en pleno trámite, desestimando a su vez la existencia de delitos que debieran ser investigados y clausurando de modo definitivo una investigación extensa y de largos años. Asimismo, la Comisión puso la lupa en el contenido del considerando 10 de dicha sentencia en el cual entendió que se amedrentaba a los jueces y fiscales de instancias inferiores al realizar recomendaciones acerca de cuales debían ser las formas que debían observarse a la hora de investigar supuestos hechos de corrupción en la administración pública. Puntualmente el voto de la mayoría realiza un análisis de los tipos penales de falsedad ideológica y asociación ilícita destacando que los jueces debían recabar la mayor cantidad de pruebas posibles para tener por acreditados los hechos y luego proceder a la detención de los supuestos involucrados, evitando caer en la situación opuesta que consiste en lograr como primera medida, las detenciones de personajes públicos para luego “acomodar” los hechos acreditados en la causa judicial de manera que justifique dicha detención.
Otra de las causas en las cuales la Comisión advierte que los jueces de la Corte incurrieron en mal desempeño son aquellas que sentaron jurisprudencia en la cuestión del llamado “corralito financiero”. En este sentido, el dictamen de acusación expresa que “con relación a las normas que establecían fuertes restricciones a la disposición de los activos de los depositantes en las entidades financieras, la Corte, con la diferencia de un mes, varió radicalmente su posición (doctrina), y de la confirmación (prima facie) de la legitimidad de las restricciones al derecho de propiedad ante una situación de emergencia, paso a considerar que ese mismo derecho de propiedad no podía ser restringido por las disposiciones que, ahora, para la Corte, devenían irrazonables.”
El argumento central del dictamen de la Comisión consiste en que desde la resolución del fallo “Kiper” y hasta el caso “Smith” había transcurrido muy poco tiempo -1 mes para ser más precisos-, durante el cual la crisis persistía pero la doctrina de la Corte varió en cuanto a la razonabilidad de las restricciones impuestas a los ahorristas. Los jueces destinatarios de este cargo acusatorio fueron Nazareno, Moline O’Connor, Vázquez, López, Fayt y Boggiano.
El último cargo directamente relacionado con la intervención de los jueces en causas judiciales que tramitaban ante el Tribunal se refiere al mal desempeño en las causas relacionadas con el empresario Raúl Moneta.
En este sentido, la Comisión realizó una profundo análisis de la participación de los jueces de la Corte en una cuestión de competencia entre el Juzgado Federal de Mendoza y el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional nº 10 de la Ciudad de Buenos Aires y la posterior instrucción de un expediente interno tendiente a investigar supuestas irregularidades en el trámite de la causa por parte del juez Federal de Mendoza.
En cuanto a la cuestión de competencia, la acusación consiste en haber privado de su jurisdicción a la Cámara Nacional de Casación Penal, para resolver el desacuerdo entre los Juzgados Federales por medio de un “per saltum heterodoxo” (en palabras de la Comisión) el cual permitió que monopolizara la intervención en aquellas causas referidas al empresario Moneta, el Juzgado Federal con asiento en la Capital Federal. Los fundamentos brindados por la Corte para justificar esa intervención “salteada” se refieren a la misión de evitar una efectiva privación de justicia que podría sufrir el imputado, cuando en realidad no se encontraba a derecho dado que había optado por evitar la acción de la justicia profungándose.
El dictamen de la Comisión concluye el análisis de este cargo expresando que resulta muy grave que un tribunal admita la jurisdicción salteando al inferior, no solo porque no respeta las atribuciones legales, sino porque se impide a las partes una vía recursiva, aun excepcional como lo es la que lleva a la Corte Suprema de Justicia.
Ahora bien, en cuanto a la segunda parte de la acusación referida a la participación en las causas referidas al empresario Moneta, la Corte resolvió en el año 1997 iniciar un expediente interno tendiente a evaluar las posibles irregularidades que habría cometido el Sr. Juez Federal de Mendoza, Dr. Leiva, en la tramitación de la causa de referencia. Por resolución de la Corte de fecha 24 de abril del año 2001 se resolvió remitir dichos antecedentes a la Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional Federal de Mendoza a efectos de que se investigue la “posible comisión de delitos”.
Así las cosas, dichas actuaciones fueron sorteadas y resultó desinsaculado para intervenir en su investigación el Juzgado a cargo del Dr. Leiva quien se excusó de intervenir por razones obvias, con lo cual las actuaciones pasaron a otro de los jueces federales de Mendoza. El nuevo juez tomó la misma decisión que su colega considerar que no podría juzgar objetivamente los hechos puestos en su conocimiento, circunstancia que determinó la remisión de la causa al tercer Juez Federal de Mendoza, quien se encontraba de licencia lo cual determinó la necesidad de recurrir a la designación de un juez “ad hoc” de la lista de conjueces de la justicia federal de Mendoza. Como resultado de dicha circunstancia, resultó elegido el Dr. Juan Carlos Aguinaga, quién inició la investigación y el 19 de septiembre de ese mismo año resolvió archivar las actuaciones por no existir delito remitiendo copia al Consejo de la Magistratura y a la Corte.
Por su parte la Corte resolvió en el marco del expediente administrativo Nº 3.335/2001 por resolución 82/01 dejar sin efecto la designación del conjuez ad hoc Dr. Juan Carlos Aguinaga y remitir el expediente al Juzgado Federal Nº 2 de Mendoza por entender que se habían cometido errores formales en la designación del magistrado lo cual se traducía en la necesidad de declarar la nulidad de la resolución adoptada (el archivo de las actuaciones referidas a Leiva), por medio de una resolución de superintendencia que pasaba a producir efectos en el plano jurisdiccional ajeno a la intervención de la Corte.
j) La resolución de la causa "Alianza Frente para la Unidad s/oficialización listas para candidatos":
Por medio de esta sentencia, la Corte habilitó al señor Romero Feris a ser candidato a gobernador de la Provincia de Corrientes y a la señora Ortega a ser candidata a senadora provincial a pesar de encontrarse ambos sometidos a proceso con prisión preventiva firme dispuesta por juez competente luego de haber recurrido a la interpretación de normas internacionales (Pacto de San José de Costa Rica). Las mismas permitieron declarar inaplicables normas expresas del código electoral provincial y de la propia Constitución de la provincia de Corrientes, importando dicha forma de actuar una violación de la autonomía provincial, establecida por la misma Constitución Nacional junto a una contradicción importantísima de su propia jurisprudencia.
k) No cumplir con el mandato constitucional de garantizar los derechos de los ciudadanos en aquellas causas vinculadas al proceso de privatizaciones.
La acusación de la Comisión comienza expresando que la Corte Suprema falló regularmente a favor de las empresas en aquellos casos en los cuales se veían claramente afectados los derechos de los consumidores y usuarios protegidos expresamente por el artículo 42 de la Ley Fundamental, donde el Tribunal no ejerció el control de constitucionalidad en favor de los usuarios sino que revocó los fallos de las anteriores instancias para admitir modificaciones que perjudicaban a los consumidores. Las causas judiciales que ejemplifican esta acusación son varias.
Entre ellas podemos referirnos al famoso “rebalanceo telefónico”, el cual consistió en un aumento injustificado sobre el valor del abono y de todas las llamadas urbanas para los usuarios de todo el país, el cual se tradujo en una suba del 40 % en relación con la tarifa vigente, lo cual transgredía la normativa que regulaba el precio del servicio. Al aumentar los abonos, el valor del pulso y eliminar los 200 pulsos libres, se produjo un incremento enorme en el valor del consumo promedio y de hasta un 100 % en el caso de los usuarios de bajo consumo. Esto se tradujo en la imposibilidad de cuatro millones de personas de afrontar el pago de tarifas abusivas e ilegales perdiendo en consecuencia su acceso al servicio público telefónico que tantos años de sacrificios había significado, junto con un aumento desproporcionado de del costo de la producción argentina.
A la hora de intervenir, la Corte Suprema resolvió en el fallo “Prodelco c/P.E.N. s/amparo” que no correspondía al Tribunal expresarse en dichas actuaciones ya sea porque no se configuraba un caso judicial en los términos del artículo 2 de la ley 27 (votos de los Dres. Nazareno, Moliné O’Connor, López y Vazquez) o que la vía elegida por los actores -la acción de amparo- no era la correcta, dado que requería una mayor amplitud de debate y prueba (voto de los Dres. Boggiano, Belluscio, Bossert, Petracchi y Fayt) con lo cual la Corte convirtió en letra muerta lo previsto por el artículo 43 de la Constitución Nacional y a su vez dejó sin efecto las sentencias dictadas por las instancias anteriores que declaraban la inconstitucionalidad del artículo 2 del decreto 92/97 y su consiguiente inaplicabilidad; avalando de esta manera una lesión evidente de los derechos de los usuarios sometidos a este desproporcionado aumento de tarifas y condenando a unos cuantos a la perdida del acceso a un servicio público cuasi esencial como es la telefonía.
El dictamen de acusación detalla otras causas judiciales contemporáneas a “Prodelco”, pero la esencia de este cargo es idéntica: los jueces de la Corte olvidaron su papel de custodios de las garantías constitucionales y dejaron desprotegidos a los usuarios de los servicios públicos que dejaban de estar en manos del estado para pasar a manos de empresas privadas.
l) Haber desarrollado conductas y exhibir actitudes incompatibles con la dignidad del cargo que llevaron al desprestigio de la corte y que lo desacredita ante la sociedad como magistrado
Este es el último cargo enumerado por el dictamen de acusación de la Cámara de Diputados y se engloban dentro del mismo las acciones desarrolladas por los miembros de la Corte que llevaron a considerar que los mismos no gozaban del prestigio que el cargo de honor que desempeñaban quedando desacreditados ante la sociedad.
Los ejemplos desarrollados por el dictamen de la Comisión consisten en haberse votado a si mismos para ejercer la presidencia del tribunal, eximirse sin caso judicial de pagar impuestos, esconder su situación patrimonial declarando la no obligatoriedad de la presentación de declaraciones juradas patrimoniales, la utilización de bienes de procesados en causas penales junto a la falta de contestación de oficios cursados al Tribunal o el mantener charlas previas con los testigos citados por la Comisión de juicio Político antes de que los mismos depongan en tales actuaciones. Todas esas actitudes son posibles de subsumir dentro de la acusación ante el Senado de la Nación por mal desempeño en los términos del artículo 53 de la Constitución Nacional.
Hasta aquí llega la enumeración de los doce cargos contenidos en la acusación que la Comisión de Juicio Político realizó en contra de la mayoría de los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación al momento de dar inicio al proceso de juicio político que acabó con las renuncias o destituciones, según el caso, de seis de los nueves jueces que formaban parte del máximo Tribunal de la Nación.

Si bien al momento de realizar las conclusiones generales de este trabajo expresaré mi parecer acerca de los cargos formulados, corresponde dejar sentado que mientras repasaba el dictamen de acusación resultó imposible reprimir un sentimiento de profunda indignación ante la reiterada utilización del enorme poder que la Constitución pone en manos de los jueces de la Corte Suprema, ya sea en perjuicio de los ciudadanos o en beneficio propio, circunstancia que torna realmente inestable la subsistencia del sistema republicano de gobierno al alejar tanto a los ciudadanos de las instituciones públicas.

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