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17/9/08

Excelente video de tiger

Gente, este video corresponde a la publicida de lanzamiento del nuevo juego de golf de Tiger Woods.

Increible como el pibe logra tener el control de la bola en todo momento. Para aquellos incredulos les comento que cuando el hace el swing de práctica (sin tocar la bola) comienza la secuencia del tiro y desde ahí la imagen no se detiene. No hay edición.

Se viene en estos dias una entrada acerca de los origenes de la leibertad de presna en los Estados Unidos.

Saludos.



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15/9/08

Aviso a nuestros lectores




Ha pasado mas de una semana sin entradas nuevas al blog. Hay una justificación.


En cuanto al coordinador, estoy en medio de una lucha encarnizada con la psicología educacional y la filosofía analítica, la cual me saca el poco tiempo libre que tengo para escribir algo original e interesante.


En cuanto al ejército de colaboradores, estan todos inmersos en medio de grandes tareas laborales que exigen demasiado tiempo y no podemos aunar criterio para la distribución de tareas.


Igualmente hay proyectos de artículos circulando entre nosotros los cuales proximamente van a ver la luz.


Gracias por su paciencia, nos vemos en unos días.




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7/9/08

Critica Teatral: "The pillowman"



La noche de ayer, pasamos con LM por calle corrientes y nos metimos a ver “The Pillowman” (el hombre almohada) en el Lola Membrives.

Esta obra pertenece a un escritor británico llamado Martin McDonagh quien crea en sus textos un teatro difícil, creativo y largo.

El guión me pareció brillante y lleno de hallazgos. La estructura inicial es un escritor joven, Katurian Katurian (Echarri), que abre la escena en el momento en que acaba de ser detenido para un interrogatorio por dos policías llenos de arrogancia, burlas y amenazas. Se lo acusa de haber instigado tres horrendos asesinatos de niños que involucran también a su hermano Michal, débil mental por medio de la publicación de algunos de sus cuentos en cuyas tramas se identifica la presencia constante de niños maltratados.

Katurian escribe cuentos tétricos, breves alegorías que parecen nutrirse de la sustancia tradicional del relato para chicos pero que encierran en su devenir y remate una espeluznante perversidad. Los policías atesoran todos los originales y los van usando como pistas para recorrer un intrincado sendero psicótico. Sus conclusiones y los recuerdos de Katurian remiten a escenas complementarias donde los padres de ambos hermanos cobran cierto protagonismo.

En un diseño escenográfico probablemente tomado de la puesta original inglesa, dos escenarios pequeños se iluminan al fondo y en lo alto para graficar con las pesadillas que son puntos de referencia para ir entendiendo la compleja trama. Así sabremos que Michal, demencial pero fiel y prolijo lector de Katurian, podría ser el autor inimputable de los asesinatos cuya ejecución sigue el diseño de los cuentos.

Según este esquema, quedaría un solo y verdadero culpable, el que soñó y escribió esos crímenes. En el otro ángulo del cuadro pero componiendo la misma figura, está la personalidad tortuosa de los investigadores que admiten haber sentenciado a muerte a su prisionero, sin juicio previo. La conexión de estos represores con algunos elementos enervados de la conducta de Katurian proyecta un efecto espejo de alcances bastantes obvios y hasta infantiles, pero le sirve al autor para reforzar las patas en las cuales se asienta su propuesta.The Pillowman es una obra que exige a los espectadores prestar mucha atención y no distraerse en ningún momento dado que la duración de la obra no admite distracciones. Son dos horas y media en las cuales los personajes no salen nunca de escena por más de 2 minutos y que durante esos momentos desarrolla otros aspectos de la historia.

En cuanto a los actores, Echarri se la juega como Katurian, personaje tortuoso y lleno de trampas. Inteligente y con entrega en ningún momento se aleja del personaje. Belloso es ideal para ese hermano que fue torturado y que en el fondo no aloja odio sino que siempre tiene a Katurian como su modelo a seguir.

Vando Villamil, interpreta a un policía malo-bueno llamado Topolski que se enfrenta a su compañero Ariel (Carlos Santamaría) que encarna a la vez al policía bueno-malo con quien siempre se sacan chispas por la calidad de sus trabajos.

En conclusión, no se trata de una obra clásica, más bien todo lo contrario. Exige poner mucho de uno para no perderse y a su vez destaca la existencia de un final sobre el cual rueda toda la trama que cabe a cada espectador decidir si ha llegado o si han quedado cabos sueltos.

Altamente recomendable.-
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5/9/08

LIBRO EN HOMENAJE A CARLOS NINO

Gente, les presento el índice y la tapa del libro editado por La Ley dedicado al fenomenal Nino.

A comprarlo, vale la pena.
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Indice

1. Palabras preliminares
Ernesto Garzón Valdés


FILOSOFIA MORAL

2.Reflexiones sobre el cuatrilema del consecuencialismo
Eduardo Rivera López

3.El constructivismo ético y el dilema de Eutifrón
José Juan Moreso

4. Inteligibilidad y esquema conceptual (Nunca recuerdo olvidarte)
Gabriela L. Alonso

5. La Eternidad
Jaime Malamud Goti

6. Moralidad y normatividad ética en Aristóteles
Andrés Rosler.

FILOSOFIA POLITICA

7.El Igualitarismo de Carlos Nino
Marcelo Alegre

8.El constructivismo moral a propósito de Nino y Rawls
Eduardo Barbarosch

9. Pluralismo moral*
Silvina Alvarez

10.Tres malentendidos sobre la elección racional y el juicio moral
Guido Pincione

FILOSOFIA DEL DERECHO

11. ¿Es realmente superfluo el derecho? Justicia política e insularidad del razonamiento jurídico
Marisa Iglesias Vila

12.El derecho como un sistema de razones para la coacción
Gabriel Bouzat

DERECHO PENAL

13 ¿Castigo por resultados? El argumento de L. Katz
Marcelo Ferrante

14. Ensayo sobre tipo, tipicidad y pragmática
Juan José Avila

15. Aflicción Directa e Indirecta en el Concepto de PenaMateo *
Germán Bermejo

TEORIA CONSTITUCIONAL

16. Una disputa imaginaria sobre el control judicial de las leyes: El “constitucionalismo popular” frente a la teoría de Carlos Nino
Roberto Gargarella

17.La interpretación constitucional en Carlos Nino: una primera aproximación
Javier Ortiz Flores

18. Democracia y control de constitucionalidad: Una tensión aparente
Horacio Spector

19. Constitucionalismo, concepciones de democracia y diseño institucional: Sobre frenos, puentes y motores en la democracia deliberativa
Lucas Arrimada

TEORIA DE LA DEMOCRACIA Y DEL ESTADO

20. Democracia deliberativa en Nino y Habermas
Angel R. Oquendo

21.Un callejón sin salida. La paradoja de las precondiciones (de la democracia deliberativa) en Carlos S. Nino
José Luís Martí

22. Nino, la democracia y el utilitarismo
Martin D. Farrell

23.Igualdad y educación
Rodolfo Vázquez

24.Códigos éticos corporativos
Jorge F. Malem Seña

25.Igualadores y traductores. La ética del abogado en una democracia constitucional
Martin Böhmer

DERECHOS HUMANOS

26. Tres discusiones sobre derechos sociales
Christian Courtis

27. Los derechos humanos económicos, sociales y culturales
Mónica Pinto

28¿Cómo judicializar los derechos económicos y sociales en una democracia deliberativa?
Julio Montero

29.Reconciliación y reconstitución
Fernando Atria
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4/9/08

Carlos Nino, protagonista del derecho


En estos días acaba de ver la luz el libro en homenaje a Carlos Santiago Nino, ilustre profesor de Derecho, formado en la UBA y doctorado en Oxford University en el año 1977.

Esta aparición editorial me llevó a recordar algunas anécdotas personales como alumno a la hora de estudiar las creaciones de Nino.

Nino se dedicó a la filosofía del derecho en la mayor parte de sus estudios aunque también dedicó varios libros a temas de derecho constituciional y penal.

Fue uno de los iusfilósofos argentinos que alcanzó mayor notoriedad académica a nivel internacional en la segunda mitad del siglo XX. Muchas de sus numerosas obras fueron editadas no sólo en argentina sino también en España, Italia, Estados Unidos, Inglaterra y varios de sus artículos se publicaron en reconocidas revistas jurídicas y filosófico-jurídicas internacionales.

Comenzó su actividad académica en los comienzos de los años setenta, concentrando su análisis en algunos asuntos tradicionales de la teoría general del derecho, intentando desentrañar el concepto de sistema jurídico, la polémica postitivosmo- iusnaturalismo, el concepto de validez jurídica y los problemas de interpretación y las relaciones entre moral y derecho .Sus investigaciones filosóficas estuvieron siempre orientadas a asuntos prácticos, caracterizándose por tendencias analíticas.


El resultado de sus estudios dio como fruto las “Notas de Introducción al Derecho” (Ed. Astrea, Buenos Aires, 1973), que luego de ser revisado y ampliado dio lugar al libro “Introducción al análisis del derecho” (de la misma editorial, año 1980 y Ed. Ariel, Barcelona, año 1989), texto con el cual tuve mi primera aproximacion al mundo jurídico dado que fue mi primer libro con el cual interactué como alumno universitario en teoría general del derecho alla por el año 2003.

Recuerdo que el libro me parecía complejo pero amigable, tenía letras grandes (lo cual ayudaba a mi hipermetropía congénita) y arrancaba con un capítulo dedicado a un ejercicio acerca de lo que era el derecho natural y el derecho positivo encarnando en la figura de tres jueces ideales (Cayo Ticio y Sempronio si mal no recuerdo) la resolución del juicio de Nuremberg.


El resto de las obras de Nino se dedicaron a temas variados, por ejemplo el famoso artículo acerca de las nociones de paternalismo jurídico en la redacción de la ley de Drogas, el cual tuve que leer para Roberto Saba en Humanos al cuatrimestres siguiente y que también me quemó el cerebro por completo.

Un año después, Cristina Caamaño nos explicó los tipos omisivos del derecho penal recurriendo a un artículo publicado en La Ley del año 1979 titulado "¿Da lo mismo omitir que actuar?" el cual plantea de una manera tan clara y concisa el tema que hasta el más civilista de todos los abogados lo encontraría interesante.


Finalmente, cuando cursé interpretación de la ley con Norma Costoya (materia con la cual me recibí) tuve que recurrir nuevamente a mi primer libro de facultad para refrescar el concepto de inconsistencias normativas y casualmente Nino estaba allí, detrás de un lomo color verdoso y letras blancas pero mucho más resaltado y subrayado que la primera vez que lo consulté en teoría del derecho.


Habían pasado 29 materias y su libro seguía siendo necesario... Eso es en buen libro no les parece?


Esta breve reseña es más que breve, es minúscula, hay muchisimos libros y artículos acerca de los cuales podría hablarse pero lo que destaca como denominador común es la pasión por el derecho y su estuidio que transmitía Nino en sus escritos, la sabiduría y la capacidadcreadora de

Para cerrar quiero sintetizzar los últimos años de la vida de Nino.

En los primeros años de la década del ochenta, una vez producida la restauración de la democracia en Argentina, incursionó en la política, desempeñándose como asesor de derechos humanos durante la Presidencia de Alfonsín, llegando a coordinar el “consejo para la consolidación de la democracia", tarea que no impidió que prosiguiera sus investigaciones filosóficas, encarando los problemas conceptuales referidos a la articulación y defensa de los principios básicos de filosofía política, que lo condujo a escribir “Ética y derechos humanos” (1ª. Edición, Piadós, 1984; 2ª. Edición, Ed. Astrea, 1989; posteriormente publicada en una versión modificada en inglés por la Oxford University Press, en el año 1991), donde expuso en forma completa su pensamiento moral, su concepción de la moralidad normativa y llegó a intentar establecer cuestiones de meta - ética, adoptando un enfoque constructivista que procuró derivar sus principios éticos fundamentales de las presuposiciones del discurso moral.

Estos principios eran el principio de autonomía, el principio de inviolabilidad, y del principio de la dignidad (“El constructivismo ético”, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1989). Paralelamente, se interesó en estudiar diversas cuestiones de organización constitucional Argentina, abarcando distintos asuntos prácticos, tales como las leyes de facto, el aborto, la pena de muerte, la regulación de la droga, el presidencialismo, el control judicial de costitucionalidad y el votto obligatorio entre otros, los que fueron objeto de diversos artículos y ensayos de su autoría.También escribió sobre el contexto social de Argentina, encarando la aplicación de los principios de justicia y moralidad social a la valoración práctica constitucional, que dio lugar a su obra “Un país al margen de la ley” (EMECÉ, Buenos Aires, 1992).

Carlos Nino falleció un 29 de agosto (día del abogado) de 1993 durante su estadía en la ciudad de La Paz, donde había viajado para trabajar en la reforma constitucional boliviana. Tuvo un ataque de asma que trágicamente ocasionó su muerte, llevándose a unnilustre intelectual preocupado por la realización de la justicia y la defensa de los Derechos Humanos.

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Aquí un link que lleva algunos de los trbajos de nino en internet: www.stafforini.com/nino/
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3/9/08

EL PARADIGMA DE JUICIO POLITICO EN AMERCIA LATINA (CONCLUSIONES)

Si partimos de la afirmación que el juicio político es un procedimiento tendiente a remover del cargo público que un funcionario ocupa en la estructura de gobierno, ya hemos asumido implícitamente la existencia de una relación entre lo jurídico y lo político dado que lo político aporta el consenso social necesario para comenzar a andar el camino de la destitución y lo jurídico brinda el marco regulatorio dentro del cual se desarrollará dicho proceso.

Ahora bien, en el caso de remoción de jueces, el vínculo entre estos dos elementos que forman parte del universo constitucional adquiere características extrañas o por cierto anormales, dado que los destinatarios de ese control inter órganos que esta en cabeza del Poder Legislativo, son los únicos operadores de derecho del sistema en su conjunto con lo cual solamente se expiden dentro del universo de lo jurídico dejando de lado lo político.

Sin embargo, la verdadera extraña relación entre ambos elementos ocurre al momento de tener que hallar en la forma de desempeñar el cargo por parte del magistrado, las causales que puedan llegar a justificar la destitución que se persigue desde el punto de vista político. El hecho de tener que recurrir al contenido de las sentencias judiciales para hallar en ellas fundamentos para una “acusación constitucional” (dado su origen fruto de nuestra Ley Fundamental) trastoca todos los pilares sobre los cuales se erige el sistema constitucional dado que ello genera dos cosas, por un lado la creencia en la posibilidad de que esa resolución lo perjudique en el futuro con lo cual se afecta la libre decisión y observación de las controversias planteadas; por el otro da lugar al sentimiento de inseguridad jurídica entendida como la falta de previsibilidad y de asentamiento de las resoluciones a lo largo del tiempo.

Con todo lo expresado no he querido mas que plantear la hipótesis que me ha llevado a redactar el presente trabajo la cual consiste en analizar si el juicio político es un procedimiento de naturaleza constitucional que tiende a purgar la conformación de los poderes constituidos del Estado en busca de mejorar la calidad de los funcionarios que los integran o si, por el contrario, es una herramienta jurídica puesta a disposición del universo político con el objetivo de remover de su cargo a aquellos funcionarios “fieles” a administraciones anteriores logrando erradicar de esta manera la presencia de agentes opositores al gobierno de turno.

A mi modo de ver en el caso puntual de remoción de jueces, es la segunda opción la que prima y luego de evaluar los dos casos que integran el “paradigma” base de este trabajo, se advierte que en Argentina había una clara enemistad entre los integrantes de la Corte “menemista” y el gobierno de Kirchner mientras que en el caso peruano el enfrentamiento fue sobreviniente a la reforma de la Constitución por parte del Gobierno de Fujimori y devino necesario remover de los cargo que ocupaban a los tres magistrados opositores a la reelección presidencial.

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EL PARADIGMA DE JUICIO POLITICO EN AMERCIA LATINA (PARTE II)

III. La remoción de tres de los miembros del Tribunal Constitucional del Perú.

Los acontecimientos socio–políticos que rodearon este proceso de desafuero deben ser referenciados para permitir al lector comprender de manera general el contexto dentro del cual se produjo la remoción de los jueces Manuel Aguirre Roca, Guillermo Rey Terry y Delia Revoredo de Mur.

El 5 de abril del año 1992 el por entonces Presidente del Perú, Alberto Fujimori, disolvió el Congreso y el Tribunal de Garantías Constitucionales, y destituyó a numerosos jueces de la Corte Suprema de Justicia en el marco de un proceso que fue conocido como “el autogolpe de Fujimori” el cual fue consecuencia directa de la negativa del Congreso peruano a otorgarle amplios poderes para poder legislar en materia económica y antisubversiva.

Posteriormente, el 31 de octubre de 1993 se aprobó mediante un referéndum, la nueva Constitución Política del Perú que estableció, dentro del texto del artículo 112, la duración por cinco años del mandato presidencial permitiendo su reelección por un solo mandato y habilitando una nueva candidatura luego de que haya transcurrido un período presidencial completo.
Así las cosas, en el mes de junio del año 1996 se conformó el nuevo Tribunal Constitucional, compuesto por siete miembros integrado por los Dres. Ricardo Nugent (Presidente), Guillermo Rey Terry, Manuel Aguirre Roca, Luis Guillermo Díaz Valverde, Delia Revoredo Marsano de Mur, Francisco Javier Acosta Sánchez y José García Marcelo;
Un mes después de dicha asunción, el 23 de agosto de 1996, se promulgó la Ley 26.657 o “Ley de Interpretación Auténtica del artículo 112 de la Constitución” la cual interpretaba el mencionado artículo y expresaba que a los fines de una futura reelección presidencial no se tomaban en cuenta los mandatos anteriormente desarrollados sino que se aplicaba a aquellos períodos de gobierno iniciados con posterioridad a la a la fecha de promulgación del referido texto constitucional
Ante esta situación, el 29 de agosto de 1996, el Colegio de Abogados de Lima presentó una acción de inconstitucionalidad contra la Ley 26.657 ante el Tribunal Constitucional por entender que se estaba violando el artículo 112 de la Ley Fundamental peruana y el día 20 de noviembre del mismo año se realizó la audiencia pública exigida por la Constitución peruana a la cual asistieron los siete magistrados del Tribunal Constitucional.
Días después de dicha audiencia se resolvió, el 27 de diciembre, la procedencia de la acción presentada por el Colegio de Abogados de Lima y la mayoría de los miembros del tribunal (cinco jueces) votaron a favor de la procedencia de la acción presentada, con lo cual se declaró la inaplicabilidad de la norma en cuestión y se declaró su inconstitucionalidad. Ahora bien, es necesario destacar que según el artículo 4 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional del Perú se requieren seis votos afirmativos para resolver acerca de las demandas de inconstitucionalidad, mientras que para la declaratoria de inaplicabilidad de las leyes sólo se requiere la mayoría simple de los integrantes del Tribunal, aquí residió la clave de la posterior acusación constitucional.
Los días siguientes a esta votación se desencadenó un verdadero escándalo a nivel de la opinión pública peruana dado que uno de los jueces del Tribunal Constitucional, el Dr. José García Marcelo acusó a unos de sus colegas, el Dr. Guillermo Rey Terry, de formar parte de una maquinación que pretendía impedir la reelección presidencial de Alberto Fujimori acreditando dicha imputación por medio de la entrega a la Policía peruana, de un proyecto de sentencia elaborado por Rey Terry (sustraído de su carpeta en la sala de reuniones por el juez García Marcelo), que fue el que finalmente adoptó la mayoría de los integrantes del Tribunal al momento de resolver la acción de inconstitucionalidad planteada.
Seguidamente se inició una campaña de presión contra los cinco magistrados que suscribieron el fallo antes referido y finalmente el 2 de enero del año siguiente el Presidente del Tribunal (Dr. Lugent) y otro de sus integrantes solicitaron una nueva votación tendiente a determinar si se podían alcanzar las mayorías exigidas por la Ley Orgánica del Tribunal. La convocatoria resultó ser una emboscada en contra de los jueces dado que quines habían convocado a dicha votación, se abstuvieron de participar por haber adelantado su opinión acerca del caso estudiado, mientras que otros dos miembros optaron por reservarse su opinión y los jueces Aguirre Roca, Rey Terry y Revoredo Marsano de Mur votaron, como lo habían hecho anteriormente, por la inaplicabilidad de la Ley No. 26.657
Dos semanas después, el 14 de enero de 1997, cuarenta congresistas de la mayoría parlamentaria remitieron una carta al Tribunal Constitucional en la cual pretendían prohibir la publicación de “una decisión que declarase la ‘inaplicabilidad’ de la Ley 26657”. Los congresistas adujeron que el plazo para efectuar la publicación había vencido el 10 de enero de 1997, al transcurrir una semana desde la resolución de la acción de inconstitucionalidad y solicitaron a su vez que el Tribunal Constitucional que se pronunciara expresamente sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la Ley 26.657 dentro del plazo de treinta días hábiles en el marco de una acción de cumplimiento.
Asimismo, los mencionados congresistas solicitaron en dicha nota al Tribunal que declare “fundada o infundada la demanda de inconstitucionalidad interpuesta contra la Ley 26657 por el Colegio de Abogados de Lima y se pronuncie expresamente sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad y que la sentencia no contenga ninguna ‘declaración’ de inaplicabilidad que constituiría una eminente amenaza contra derechos fundamentales y políticos consagrados en la Constitución, así como abuso de autoridad, al asumir el Tribunal facultades no previstas por su Ley Orgánica”
Dos días después, el 16 de enero de 1997, los magistrados Acosta Sánchez y García Marcelo decidieron “abstenerse de votar” acerca del pedido realizado por los congresistas recurrentes pero no se apartaron del proceso para hacer posible la emisión de una sentencia. La sentencia que recayó en este proceso contó con tres votos a favor y cuatro abstenciones y declaró “inaplicable la ley 26657, para el caso concreto de una nueva postulación a la Presidencia de la República, en el año 2000, del actual Jefe de Estado”.
Esta resolución fue publicada el 17 de enero en el diario “El Peruano” y debió serlo nuevamente al día siguiente debido a incorrecciones tipográficas que consistían en fijar como fecha de la misma el día 3 de enero cuando en realidad fue resuelta el día 16 de enero. Dicho error tipográfico generó que el 20 de enero de 1997 el Colegio de Abogados de Lima solicitara una aclaración de la sentencia mencionada la cual fue resuelta por orden del Presidente del Tribunal Constitucional, por tres de los jueces que lo integraban, los Dres. Aguirre Roca, Rey Terry y Revoredo Marsano de Mur, en honor al principio de economía procesal y para imprimirle a dicha acción el trámite que correspondía, cuando en realidad dicha delegación de funciones fue claramente opuesta a la Constitución peruana dado que la minoría de los jueces resolvieron en un pedido de aclaratoria que debía contar con las opiniones de la totalidad de los miembros del cuerpo. En fin, esta circunstancia operó de cimiento sobre el cual se construyó meses después la acusación constitucional que a continuación desarrollaré.
El 28 de febrero de 1997 el Congreso de la República del Perú aprobó la formación de una comisión para investigar los presuntos actos de hostigamiento y presión contra el Tribunal Constitucional basándose en las denuncias formuladas por la magistrada Revoredo Marsano de Mur. A los miembros de dicha comisión se les prohibió pronunciarse sobre asuntos jurisdiccionales propios del Tribunal Constitucional sin perjuicio de lo cual el 5 de mayo de 1997 la Subcomisión Acusadora del Congreso presentó ante la Comisión Permanente del mismo, una denuncia constitucional contra los magistrados Aguirre Roca, Rey Terry y Revoredo Marsano de Mur, en la cual se les imputaba haber infringido la Constitución con base en dos argumentos los cuales consistían, en primer lugar, en haber presentado un proyecto de resolución como una sentencia ya discutida y aprobada por el pleno del Tribunal Constitucional, atribuyendo dicha responsabilidad al Juez Rey Terry quien había elaborado el acta de entrega de ese proyecto a la presidencia del Tribunal, cuando en realidad se trataba de un simple proyecto o “ponencia” en los términos de la acusación constitucional.
Por otro lado, el segundo cargo constitucional realizado a los jueces acusados, consistía en que solo estos tres jueces participaron de la resolución del recurso de aclaración de sentencia presentado por el Colegio de Abogados de Lima y en consecuencia habían dictado una sentencia en nombre del Tribunal Constitucional sin que haya sido materia de convocatoria y deliberación en el pleno tal como lo exige la ley peruana.
El 6 de mayo de 1997 la Comisión Permanente del Congreso nombró una Subcomisión para evaluar la solicitud de acusación constitucional formulada y dicha Subcomisión solicitó a los magistrados un informe sobre los hechos investigados en menos de cuarenta y ocho horas. Los magistrados requeridos señalaron que se trataba de una represalia por su pronunciamiento respecto a la Ley de Reelección Presidencial y el 14 de mayo remitieron un acta de fecha 14 de marzo de 1997 en la que constaba que fueron expresamente autorizados para expedir la decisión por la cual se les acusaba en referencia a la autorización del Presidente del Tribunal, Dr. Nugent, para resolver ellos mismos y sin la intervención de sus colegas el recurso de aclaración presentado.
El 15 de mayo de 1997 la Subcomisión especialmente designada al efecto, presentó su informe ante la Comisión Permanente del Congreso, recomendando proceder a la acusación constitucional, recomendación que fue acatada por la Comisión Permanente del Congreso, que resolvió acusar a los tres magistrados y a su vez presentó una denuncia constitucional contra el magistrado Ricardo Nugent como Presidente del Tribunal Constitucional, por “facilitar la actuación ilegal de los Magistrados Manuel Aguirre Roca, Guillermo Rey Terry y Delia Revoredo Marsano de Mur, por no convocar al Pleno del Tribunal Constitucional para resolver el recurso de aclaración presentado por el Colegio de Abogados de Lima”.Planteados hasta aquí los antecedentes que rodearon el pedido de destitución de los tres jueces del Tribunal Constitucional corresponde que a continuación exponga el desarrollo de los sucesos relacionados con la remoción de los tres magistrados.
En conclusión, el 19 de mayo de 1997 el Presidente del Congreso convocó a los magistrados Aguirre Roca, Rey Terry y Revoredo Marsano de Mur a la sesión del 23 de mayo para que expusieran sus alegatos de defensa ante la Comisión Permanente del Congreso y el 28 de mayo de 1997 el Congreso de la República decidió, mediante las resoluciones legislativas 002-97-CR, 003-97-CR y 004-97-CR, destituir a los magistrados del Tribunal Constitucional Manuel Aguirre Roca, Guillermo Rey Terry y Delia Revoredo Marsano de Mur. Contra dicha resolución los magistrados interpusieron sendas acciones de amparo las cuales fueron declaradas infundadas y en consecuencia no recibieron tratamiento jurisdiccional de fondo.
Sin embargo, este proceso no culminó con /la mencionada resolución. El 2 de junio de 1997, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recibió una denuncia firmada por veintisiete diputados del Congreso de la República del Perú, sobre la destitución de los magistrados del Tribunal Constitucional, proceso que concluyó con el dictado de una sentencia por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que recomendó al Estado peruano reparar adecuadamente a los magistrados destituidos, reintegrándolos en el ejercicio de sus funciones en el Tribunal Constitucional debiendo indemnizarlos por el total de los beneficios salariales no percibidos desde la fecha de la destitución, otorgando a esos fines un plazo de tres meses para dar cumplimiento a lo dispuesto. En cuanto a la destitución, a criterio de la Corte la misma fue ilegítima dado que vulneró la garantía esencial de independencia y autonomía del Tribunal Constitucional, el derecho al debido proceso y la garantía de permanencia en las funciones públicas.
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