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3/9/08

EL PARADIGMA DE JUICIO POLITICO EN AMERCIA LATINA (PARTE II)

III. La remoción de tres de los miembros del Tribunal Constitucional del Perú.

Los acontecimientos socio–políticos que rodearon este proceso de desafuero deben ser referenciados para permitir al lector comprender de manera general el contexto dentro del cual se produjo la remoción de los jueces Manuel Aguirre Roca, Guillermo Rey Terry y Delia Revoredo de Mur.

El 5 de abril del año 1992 el por entonces Presidente del Perú, Alberto Fujimori, disolvió el Congreso y el Tribunal de Garantías Constitucionales, y destituyó a numerosos jueces de la Corte Suprema de Justicia en el marco de un proceso que fue conocido como “el autogolpe de Fujimori” el cual fue consecuencia directa de la negativa del Congreso peruano a otorgarle amplios poderes para poder legislar en materia económica y antisubversiva.

Posteriormente, el 31 de octubre de 1993 se aprobó mediante un referéndum, la nueva Constitución Política del Perú que estableció, dentro del texto del artículo 112, la duración por cinco años del mandato presidencial permitiendo su reelección por un solo mandato y habilitando una nueva candidatura luego de que haya transcurrido un período presidencial completo.
Así las cosas, en el mes de junio del año 1996 se conformó el nuevo Tribunal Constitucional, compuesto por siete miembros integrado por los Dres. Ricardo Nugent (Presidente), Guillermo Rey Terry, Manuel Aguirre Roca, Luis Guillermo Díaz Valverde, Delia Revoredo Marsano de Mur, Francisco Javier Acosta Sánchez y José García Marcelo;
Un mes después de dicha asunción, el 23 de agosto de 1996, se promulgó la Ley 26.657 o “Ley de Interpretación Auténtica del artículo 112 de la Constitución” la cual interpretaba el mencionado artículo y expresaba que a los fines de una futura reelección presidencial no se tomaban en cuenta los mandatos anteriormente desarrollados sino que se aplicaba a aquellos períodos de gobierno iniciados con posterioridad a la a la fecha de promulgación del referido texto constitucional
Ante esta situación, el 29 de agosto de 1996, el Colegio de Abogados de Lima presentó una acción de inconstitucionalidad contra la Ley 26.657 ante el Tribunal Constitucional por entender que se estaba violando el artículo 112 de la Ley Fundamental peruana y el día 20 de noviembre del mismo año se realizó la audiencia pública exigida por la Constitución peruana a la cual asistieron los siete magistrados del Tribunal Constitucional.
Días después de dicha audiencia se resolvió, el 27 de diciembre, la procedencia de la acción presentada por el Colegio de Abogados de Lima y la mayoría de los miembros del tribunal (cinco jueces) votaron a favor de la procedencia de la acción presentada, con lo cual se declaró la inaplicabilidad de la norma en cuestión y se declaró su inconstitucionalidad. Ahora bien, es necesario destacar que según el artículo 4 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional del Perú se requieren seis votos afirmativos para resolver acerca de las demandas de inconstitucionalidad, mientras que para la declaratoria de inaplicabilidad de las leyes sólo se requiere la mayoría simple de los integrantes del Tribunal, aquí residió la clave de la posterior acusación constitucional.
Los días siguientes a esta votación se desencadenó un verdadero escándalo a nivel de la opinión pública peruana dado que uno de los jueces del Tribunal Constitucional, el Dr. José García Marcelo acusó a unos de sus colegas, el Dr. Guillermo Rey Terry, de formar parte de una maquinación que pretendía impedir la reelección presidencial de Alberto Fujimori acreditando dicha imputación por medio de la entrega a la Policía peruana, de un proyecto de sentencia elaborado por Rey Terry (sustraído de su carpeta en la sala de reuniones por el juez García Marcelo), que fue el que finalmente adoptó la mayoría de los integrantes del Tribunal al momento de resolver la acción de inconstitucionalidad planteada.
Seguidamente se inició una campaña de presión contra los cinco magistrados que suscribieron el fallo antes referido y finalmente el 2 de enero del año siguiente el Presidente del Tribunal (Dr. Lugent) y otro de sus integrantes solicitaron una nueva votación tendiente a determinar si se podían alcanzar las mayorías exigidas por la Ley Orgánica del Tribunal. La convocatoria resultó ser una emboscada en contra de los jueces dado que quines habían convocado a dicha votación, se abstuvieron de participar por haber adelantado su opinión acerca del caso estudiado, mientras que otros dos miembros optaron por reservarse su opinión y los jueces Aguirre Roca, Rey Terry y Revoredo Marsano de Mur votaron, como lo habían hecho anteriormente, por la inaplicabilidad de la Ley No. 26.657
Dos semanas después, el 14 de enero de 1997, cuarenta congresistas de la mayoría parlamentaria remitieron una carta al Tribunal Constitucional en la cual pretendían prohibir la publicación de “una decisión que declarase la ‘inaplicabilidad’ de la Ley 26657”. Los congresistas adujeron que el plazo para efectuar la publicación había vencido el 10 de enero de 1997, al transcurrir una semana desde la resolución de la acción de inconstitucionalidad y solicitaron a su vez que el Tribunal Constitucional que se pronunciara expresamente sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la Ley 26.657 dentro del plazo de treinta días hábiles en el marco de una acción de cumplimiento.
Asimismo, los mencionados congresistas solicitaron en dicha nota al Tribunal que declare “fundada o infundada la demanda de inconstitucionalidad interpuesta contra la Ley 26657 por el Colegio de Abogados de Lima y se pronuncie expresamente sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad y que la sentencia no contenga ninguna ‘declaración’ de inaplicabilidad que constituiría una eminente amenaza contra derechos fundamentales y políticos consagrados en la Constitución, así como abuso de autoridad, al asumir el Tribunal facultades no previstas por su Ley Orgánica”
Dos días después, el 16 de enero de 1997, los magistrados Acosta Sánchez y García Marcelo decidieron “abstenerse de votar” acerca del pedido realizado por los congresistas recurrentes pero no se apartaron del proceso para hacer posible la emisión de una sentencia. La sentencia que recayó en este proceso contó con tres votos a favor y cuatro abstenciones y declaró “inaplicable la ley 26657, para el caso concreto de una nueva postulación a la Presidencia de la República, en el año 2000, del actual Jefe de Estado”.
Esta resolución fue publicada el 17 de enero en el diario “El Peruano” y debió serlo nuevamente al día siguiente debido a incorrecciones tipográficas que consistían en fijar como fecha de la misma el día 3 de enero cuando en realidad fue resuelta el día 16 de enero. Dicho error tipográfico generó que el 20 de enero de 1997 el Colegio de Abogados de Lima solicitara una aclaración de la sentencia mencionada la cual fue resuelta por orden del Presidente del Tribunal Constitucional, por tres de los jueces que lo integraban, los Dres. Aguirre Roca, Rey Terry y Revoredo Marsano de Mur, en honor al principio de economía procesal y para imprimirle a dicha acción el trámite que correspondía, cuando en realidad dicha delegación de funciones fue claramente opuesta a la Constitución peruana dado que la minoría de los jueces resolvieron en un pedido de aclaratoria que debía contar con las opiniones de la totalidad de los miembros del cuerpo. En fin, esta circunstancia operó de cimiento sobre el cual se construyó meses después la acusación constitucional que a continuación desarrollaré.
El 28 de febrero de 1997 el Congreso de la República del Perú aprobó la formación de una comisión para investigar los presuntos actos de hostigamiento y presión contra el Tribunal Constitucional basándose en las denuncias formuladas por la magistrada Revoredo Marsano de Mur. A los miembros de dicha comisión se les prohibió pronunciarse sobre asuntos jurisdiccionales propios del Tribunal Constitucional sin perjuicio de lo cual el 5 de mayo de 1997 la Subcomisión Acusadora del Congreso presentó ante la Comisión Permanente del mismo, una denuncia constitucional contra los magistrados Aguirre Roca, Rey Terry y Revoredo Marsano de Mur, en la cual se les imputaba haber infringido la Constitución con base en dos argumentos los cuales consistían, en primer lugar, en haber presentado un proyecto de resolución como una sentencia ya discutida y aprobada por el pleno del Tribunal Constitucional, atribuyendo dicha responsabilidad al Juez Rey Terry quien había elaborado el acta de entrega de ese proyecto a la presidencia del Tribunal, cuando en realidad se trataba de un simple proyecto o “ponencia” en los términos de la acusación constitucional.
Por otro lado, el segundo cargo constitucional realizado a los jueces acusados, consistía en que solo estos tres jueces participaron de la resolución del recurso de aclaración de sentencia presentado por el Colegio de Abogados de Lima y en consecuencia habían dictado una sentencia en nombre del Tribunal Constitucional sin que haya sido materia de convocatoria y deliberación en el pleno tal como lo exige la ley peruana.
El 6 de mayo de 1997 la Comisión Permanente del Congreso nombró una Subcomisión para evaluar la solicitud de acusación constitucional formulada y dicha Subcomisión solicitó a los magistrados un informe sobre los hechos investigados en menos de cuarenta y ocho horas. Los magistrados requeridos señalaron que se trataba de una represalia por su pronunciamiento respecto a la Ley de Reelección Presidencial y el 14 de mayo remitieron un acta de fecha 14 de marzo de 1997 en la que constaba que fueron expresamente autorizados para expedir la decisión por la cual se les acusaba en referencia a la autorización del Presidente del Tribunal, Dr. Nugent, para resolver ellos mismos y sin la intervención de sus colegas el recurso de aclaración presentado.
El 15 de mayo de 1997 la Subcomisión especialmente designada al efecto, presentó su informe ante la Comisión Permanente del Congreso, recomendando proceder a la acusación constitucional, recomendación que fue acatada por la Comisión Permanente del Congreso, que resolvió acusar a los tres magistrados y a su vez presentó una denuncia constitucional contra el magistrado Ricardo Nugent como Presidente del Tribunal Constitucional, por “facilitar la actuación ilegal de los Magistrados Manuel Aguirre Roca, Guillermo Rey Terry y Delia Revoredo Marsano de Mur, por no convocar al Pleno del Tribunal Constitucional para resolver el recurso de aclaración presentado por el Colegio de Abogados de Lima”.Planteados hasta aquí los antecedentes que rodearon el pedido de destitución de los tres jueces del Tribunal Constitucional corresponde que a continuación exponga el desarrollo de los sucesos relacionados con la remoción de los tres magistrados.
En conclusión, el 19 de mayo de 1997 el Presidente del Congreso convocó a los magistrados Aguirre Roca, Rey Terry y Revoredo Marsano de Mur a la sesión del 23 de mayo para que expusieran sus alegatos de defensa ante la Comisión Permanente del Congreso y el 28 de mayo de 1997 el Congreso de la República decidió, mediante las resoluciones legislativas 002-97-CR, 003-97-CR y 004-97-CR, destituir a los magistrados del Tribunal Constitucional Manuel Aguirre Roca, Guillermo Rey Terry y Delia Revoredo Marsano de Mur. Contra dicha resolución los magistrados interpusieron sendas acciones de amparo las cuales fueron declaradas infundadas y en consecuencia no recibieron tratamiento jurisdiccional de fondo.
Sin embargo, este proceso no culminó con /la mencionada resolución. El 2 de junio de 1997, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recibió una denuncia firmada por veintisiete diputados del Congreso de la República del Perú, sobre la destitución de los magistrados del Tribunal Constitucional, proceso que concluyó con el dictado de una sentencia por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que recomendó al Estado peruano reparar adecuadamente a los magistrados destituidos, reintegrándolos en el ejercicio de sus funciones en el Tribunal Constitucional debiendo indemnizarlos por el total de los beneficios salariales no percibidos desde la fecha de la destitución, otorgando a esos fines un plazo de tres meses para dar cumplimiento a lo dispuesto. En cuanto a la destitución, a criterio de la Corte la misma fue ilegítima dado que vulneró la garantía esencial de independencia y autonomía del Tribunal Constitucional, el derecho al debido proceso y la garantía de permanencia en las funciones públicas.

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